Subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de México Actualmente en el
Fecha de la entrevista: 30 de noviembre de 2021.
Periodistas: Queremos corroborar con usted algo que nos dijeron algunos testimonios: cuando usted estaba en el proceso de transición, cuando iba a entrar Andrés Manuel, usted se reunió con algunas de las víctimas y llegó una persona, no se si le dijo su nombre pero sería en este caso Mariana García Sosa (de la empresa Central ADN SA de CV).
Alejandro Encinas: Así es…
Periodistas: Nos dijeron que era la representante de la empresa tratando de ofrecer a usted la base de datos genética que ellos habían recolectado.
Alejandro Encinas: Así es. Primero déjame comentarte que con Karla (Quintana, Comisionada Nacional de Búsqueda) estamos en un proceso de denuncia judicial, está llevándose a cabo y por supuesto hay que tener mucha de la información reservada pero esta te la digo con toda certeza, ¿sí? Efectivamente se realizó a petición,
yo recibí a un grupo de familiares de personas, sostuvimos una reunión durante la transición y llegó esta persona: me hizo el ofrecimiento de una base de datos genéticos lo cual se me hace una situación sumamente irregular porque implica tener consentimiento de las personas que forman parte de esa base de datos y por supuesto que un documento o un archivo de esa naturaleza no puede comercializarse. Y por supuesto que yo escuché ese planteo y de ninguna manera aceptamos porque es absolutamente irregular y yo no tenía certeza del origen de esos datos. A mí se me hace una situación sumamente irregular porque se trata de datos personales que implican una confidencialidad y cualquier uso de estos implica la autorización de las personas, de todas y cada una de ellas en lo individual. Y en este sentido creo que es un asunto bastante irregular que un particular esté ofreciendo una base de datos de esa naturaleza.
Periodistas: ¿Recuerda qué le dijo Mariana García Sosa?
Alejandro Encinas: Pues que contaban con la base de datos genética, que era única en el país, que no existía otro laboratorio de esa naturaleza que podía contar con ella pero como te digo, a mí me tocó hacer la ley de protección de datos personales en el Senado de la República.
Periodistas: En 2016 documentamos que entró Mariana García Sosa hasta la cocina de la Procuraduría de San Luis Potosí, y ellos se comprometieron a capacitar a personal de laboratorio. Hay una firma del director de Servicios Periciales en ese tiempo, un Manual Maestro. Después en un acto público Mariana García Sosa agradece al procurador en ese tiempo, que le haya donado una base de datos genética de San Luis Potosí. Subsecretario, ¿eso es legal o es ilegal?
Alejandro Encinas: Yo no tengo conocimiento de esta situación, pero concediendo que haya sucedido por supuesto que es absolutamente irregular. En todo caso una fiscalía podría compartir esta base de datos genéticos con otra institución de procuración de justicia, con una institución de búsqueda de personas, pero de ninguna manera con un particular. Es una situación muy irregular.
Periodistas: Lo mismo sucedió con la Procuraduría General de la República en octubre de 2016: entraron tres computadoras Lenovo en un sábado, día inhábil, a la procuraduría, al laboratorio de biología molecular, donde estaba Martha Acela, ¿usted la recuerda?, la directora de genética.
Alejandro Encinas: Sí…
Periodistas: Ella firma un convenio con Diego Ulibarri, de Central ADN. Tenemos el documento: las computadoras se quedaron siete meses, se supone en el convenio, esas computadoras adentro, para correr un software, que es el software de Central ADN. Adentro, cuando tiene el Codis, donde se corre el Codis, ¿eso sería legal o ilegal? ¿se necesita por ejemplo otra firma? porque no había firma de periciales, sólo firmó Martha Acela.
Alejandro Encinas: Bueno, ahí tendría que haber una de dos: o un convenio de colaboración con un particular o un contrato que estableciera qué tipo de servicio se iba a prestar y las reservas en el manejo de la información. Yo creo que es absolutamente irregular. Tienen que acreditar la existencia de un contrato y en ese contrato debieron establecerse las restricciones y las cláusulas de confidencialidad en el manejo de la información. Y haber accedido a la base de datos Codis incluso puede vulnerar lo que era el convenio de colaboración con el gobierno de los Estados Unidos y la Iniciativa Mérida. Es un asunto que tiene que revisarse.
Periodistas: ¿Se está investigando a Central ADN?
Alejandro Encinas: No. Se está investigando la responsabilidad institucional y si de ello deriva la responsabilidad de un particular, por supuesto que tendrá que proceder la fiscalía. (La base de datos) es un bien público que tiene reservas de ley en el manejo de los datos personales.
