Una sentencia histórica pero también polémica dictó la justicia federal a Roberto Cabrera Alfaro, responsable de entregar miles de perfiles genéticos de personas desaparecidas y de sus familiares a una empresa privada. Madres, tías, hermanas y sobrinos, algunos entre miles de afectados por el tráfico de ADN, tienen opiniones diversas en cuanto al castigo, pero todas piden ser llamadas a testificar en una segunda investigación aún pendiente. “Desde luego que pueden hacerlo”, dice el abogado Javier Schütte.
Por Luis Brito, Wendy Selene Pérez y Paula Mónaco Felipe
Fotografías de María Ruiz / Pie de Página
Después de la sentencia de tres años de cárcel, sin cárcel para el ex titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Roberto Cabrera Alfaro, una investigación ligada a la misma trama está en curso y las familias piden ser tomadas en cuenta.
El alto funcionario en el gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto y unos días también de la administración de Andrés Manuel López Obrador, fue declarado culpable de traficar miles de perfiles genéticos en poder del Estado mexicano a la empresa Central ADN SA de CV, pero aún queda pendiente otro caso por los mismos motivos en otra fecha más reciente.
“Nuevamente, otra vez, el Estado sigue sus pautas: en apariencia sancionar a los responsables pero sin tomar en cuenta a las víctimas”, dice Jorge Verástegui, quien busca a su hermano Antonio y su sobrino Toñito desaparecidos en Coahuila. Verástegui es uno de los familiares que contactó la empresa Central ADN (ADN México) con la promesa de encontrar a sus seres queridos y conseguir una identificación. Mariana García Sosa, la directora del área forense del laboratorio, tenía el número de expediente y otros datos privados de la investigación.
“Lo que tendría que estar haciendo la fiscalía es estar llamando principalmente a quienes estamos siendo afectados o podemos ser afectados por este tráfico de ADN y no lo está haciendo”, sentencia Verástegui, refiriéndose a la Fiscalía General de la República (FGR).
Desde Morelos, Amalia Hernández, lamenta que en el juicio que concluyó el 30 de junio: “Supuestamente se trata de proteger a las víctimas, ¿por qué no nos pidieron que estuviéramos nosotras en esas audiencias? Nunca se nos consultó”. Hernández es tía de Oliver Navarrete, una de las 150 personas enterradas y desaparecidas por la fiscalía local en la fosa de Tetelcingo en 2014. “Quisiéramos que se nos diera la oportunidad a las víctimas de participar en este proceso”.
La exigencia de familiares de cara a la investigación pendiente es unánime: que les integren, les escuchen, les consideren.
Verástegui opina que la Comisión Nacional de Búsqueda podría hacer más de lo que ha realizado hasta ahora: “Si realmente la CNB quisiera que se sancionara podrían estar hablando de este tema, que es muy relevante, con las familias, los colectivos y las familias para orientarlos para que cada uno interponga su denuncia correspondiente”. Dice que después del juicio está pensando en interponer una.
No se conocen todavía avances de la segunda carpeta salvo que es un caso de cuando Cabrera Alfaro ya era titular de la Comisión Nacional de Búsqueda y que está en etapa de investigación inicial, pero el abogado Javier Schütte opina que los testimonios de familiares podrían tener importancia, valor jurídico.
Una sentencia y varias opiniones
En cuanto al castigo a Cabrera Alfaro, las opiniones de familiares desaparecidos son disímiles. A unos les indigna el tráfico de ADN, otros lo defienden al considerarlo un chivo expiatorio, pero hay un punto en el que todos están de acuerdo: falta que se investigue a la empresa y al personal de la FGR y de instituciones públicas que pudieron ser cómplices en el tráfico de perfiles genéticos. La justicia por ahora está incompleta.
Verónica Espinoza, una madre de Jalisco a quien Mariana García Sosa ilusionó con una posible identificación, opina: “La que me pidió el ADN fue Mariana. Me dijo que tenía un probable positivo de mi hijo, que tenía un cuerpo en la frontera de Puebla y Veracruz. Ella es muy fría, no tiene sentimientos para dar una noticia así de fuerte. A mí ella es la que me pidió el ADN. Que también a ella la investiguen y la enjuicien, ella tenía un interés monetario, estaba lucrando con el dolor”.
“No sé qué lo orilló (a Cabrera Alfaro) a hacer eso, no tengo idea, pero la Fiscalía General de la República se prestó junto con estas personas que son muy ricas, y creo que ahí hubo influencias muy grandes y mucho dinero de por medio”, dice Mónica Chavira, madre y esposa buscadora también de Jalisco.
En su sentencia, el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna instruyó a la FGR a ampliar las investigaciones contra todos los involucrados en el caso del tráfico de perfiles genéticos, y eso implicaría que la fiscalía se investigue a sí misma porque la mayor base con datos genéticos forenses la tiene esta institución y la maneja con el software CODiS, donado por el FBI.
Parte del documento de la sentencia contra Roberto Cabrera Alfaro donde se leen los detalles de la acusación y el modo de operar el tráfico de los perfiles genéticos de personas desaparecidas.
Encuentra aquí la sentencia que desclasificamos por Ley de Transparencia.
“No es justo que sólo Cabrera sea juzgado por esto, Mariana [García Sosa] también es responsable. Tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata”, sintetiza Amanda González, quien busca a su hermano Édgar Manuel, desaparecido en Jalisco. ADN México se quedó con la única muela que tenía de él y ella les entregó con la promesa de localizarlo.
Un tema importante que aún es incierto es de qué forma será abordada la segunda investigación por el caso, que por ahora avanza lento. “Quien tenía la información [perfiles genéticos] era la Fiscalía General de la República, en todo caso los principales responsables están ahí y son justamente los que se tendrían que auto-investigar”, dice Verástegui. “Si la fiscalía en esa otra carpeta de investigación no está señalando a los responsables de su propia institución, que eran los encargados de tener esta base de datos, vamos a estar en una simulación”.
A otros familiares les enoja la baja pena que dictó el juez al ex comisionado.
“Es muy indignante, es muy doloroso que una persona que ha negociado con el dolor de nosotros, que ha negociado con algo tan valioso para las familias esté en libertad”, dice Ana Enamorado, migrante hondureña que busca a su hijo Óscar Antonio desaparecido en México. “Que siga quedando todo en la impunidad como siempre, duele muchísimo”. Sobre la sentencia para Cabrera Alfaro de tres años: “Es tan poco tiempo mientras para las familias es una eternidad que vamos a vivir con esta desesperación.
Para Verástegui es una sentencia “ridícula” que la sanción al final sea pagar 25 mil pesos. “Me parece que es una burla para las familias”, dice.
Chavira lo resume: “Fue un circo en tres pistas, ¿tanto para esto?”.
La empresa, caballos y un viaje a Mazatlán
Cuando rindió testimonio en el juicio, el director de la empresa Central ADN, el veterinario Diego Ulibarri, explicó que así como él asistía a eventos de caballos en busca de clientes para el área de veterinaria de la compañía, Mariana García Sosa buscaba a familiares de personas desaparecidas porque era “encargada de ventas” del sector forense.
Y en ese contacto desplegaba varias estrategias para ganar confianza. A veces invitándoles un café o a comer, ofreciéndoles ayuda y también generando expectativas de localización de los seres queridos, de acuerdo a lo ya documentado en la investigación periodística Traficantes de ADN. Pero durante el juicio en contra de Cabrera Alfaro surgieron nuevos relatos.
Las únicas voces de víctimas en el juicio fueron para testificar a favor de Cabrera Alfaro, como estrategia del abogado Javier Cruz Angulo para lograr la menor pena posible. En la última audiencia, de último minuto, se abrió un inesperado paréntesis entre el fallo y la sentencia para Óscar Sánchez Viesca, padre de la joven coahuilense Silvia Stephanie, y Araceli Rodríguez Nava, madre del policía Luis Ángel, desaparecido en Michoacán.
Sánchez Viesca contó que a él, a su esposa Silvia y a las buscadoras del Grupo Vida, de Coahuila, les invitó unas vacaciones todo pagado a Mazatlán para que pudieran descansar. Dijo también que en otra oportunidad García Sosa les llevó de viaje a Morelia para conocer los laboratorios de la empresa y que algunas veces incluso les invitaba a cenar a su domicilio.
En su testimonio, el padre describió una escena que atestiguó un día que García Sosa los invitó a su casa: la directiva reclamó a gritos a su chofer porque perdió una USB con perfiles genéticos. “¿Cómo lo calificaría? De escandaloso, brutal y absolutamente necesario que se investigue”, dice el abogado Javier Schütte, asesor jurídico de la demandante Comisión Nacional de Búsqueda.
“Esta investigación se puede ampliar”: abogado de la CNB
Así como el primer juicio fue acotado a un solo hecho: la entrega de más de 45 mil perfiles genéticos en USB a integrantes de Central ADN, el día 31 de mayo de 2017, en las oficinas de la extinta CNS, se espera que la segunda carpeta de investigación que la FGR integra en la actualidad sea más amplia.
En su sentencia, el juez instruyó que se investigue toda la red que hizo posible la copia de perfiles, los nombres y presuntos ilícitos de diversos funcionarios públicos como también la responsabilidad del laboratorio privado ante el manejo de información sensible, protegida por las leyes de privacidad y confidencialidad en México.
A Central ADN se la podría investigar por el delito de usurpación de función pública, opina Schütte. Otro delito sería por “revelación de secretos” —tipificado en el Código Penal Federal— si la información compartida por la empresa formaba parte de un contrato con cláusula de confidencialidad con alguna institución, explica. La FGR deberá ser quien eventualmente clasifique los delitos.
“Esta investigación se puede ampliar. ¿Qué tanto? Tanto cuanto se haya declarado en el juicio”, asegura el abogado, quien pretende se alcance a revelar una “verdad completa” y no solo pedazos del rompecabezas.
Y si hacia esa verdad se quiere caminar, también importa investigar la veta económica.
Durante el juicio, el director general de Central ADN, Diego Ulibarri, dijo que los dueños de la compañía eran él, García Sosa, un empresario mexicano de apellidos Gómez Sanz y Hugo Scherer Castillo, primo de Julio Scherer, el ex consejero jurídico del presidente Andrés Manuel López Obrador. En el juicio, García Sosa testificó, sin determinar una fecha precisa ni abundar en detalles, que trabajaba para Julio Scherer cuando él era el abogado de presidencia.
Schütte señala que la investigación deberá ser imparcial, de “gran calado” y “llegar hasta las últimas consecuencias”. “Lo que se escuchó, pues se escuchó, se dijo, debe ser investigado independientemente de nombres específicos”.
— Cobertura del primer día del juicio.